¿Los gobiernos de izquierda sudamericanos tienen realmente proyectos revolucionarios anticapitalistas?, o, ¿actúan dentro del capitalismo realizando reformas dirigidas a mejorar básicamente la redistribución de ingresos? En el presente texto vamos resumir comparativamente las políticas para el desarrollo que han implementado los gobiernos progresistas de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil.
Comenzaremos observando a los países sudamericanos miembros del ALBA, un bloque regional que se define en oposición al sistema capitalista mundial y propone la construcción de alternativas soberanas de corte popular. Sin embargo, Pablo Stefanoni (2012) considera que las políticas públicas de Venezuela, Bolivia y Ecuador están más cerca de un buen capitalismo, que de un socialismo del siglo XXI. Reconoce que el dinamismo de estos procesos proviene de una nueva elite en el poder que procura la integración de una buena parte de la población que antes estuvo excluida o marginada. Asimismo, estos nuevos proyectos políticos tienen como característica común la construcción de un estado fuerte, un mejor manejo fiscal y la ampliación de las políticas sociales. Pero también comparten como peculiaridad económica, una fuerte generación de renta a partir de la extracción de hidrocarburos que, a su vez, es la principal fuente de ingresos para sus políticas redistributivas. Precisamente esta situación es uno de los principales obstáculos en la construcción de otro tipo de desarrollo, como por ejemplo el horizonte del ‘buen vivir’ o ‘vivir bien’ en Ecuador o Bolivia. Además, el autor advierte que la administración de la renta petrolera con fuerte regulación estatal puede generar políticas de corte autoritario.
Hugo Chávez representa un quiebre con el pasado político venezolano. Según Javier Corrales (2010), quien analiza las transformaciones políticas desde la sinuosa categoría de ‘autoritarismo competitivo’ (Levitsky y Way, 2006), en Venezuela han ocurrido cambios radicales en el funcionamiento de las instituciones liberales producto de decisiones que conducen a fortalecer el presidencialismo y limitan el espacio institucional de la oposición, a pesar de no haberse eliminado la competencia electoral. Pero al analizar las políticas económicas Corrales considera que los cambios son menores y representan cierta continuidad con los vicios del antiguo petro-estado venezolano, cuya abundancia de recursos limita la competitividad de otro tipo de industria. Es decir, se privilegia el control estatal sobre la economía y se fracasa en el intento de limitar las importaciones. Pero en este marco también se destaca en Venezuela el desarrollo de importantes programas de asistencia social hacia los sectores más vulnerables.
La pregunta que surge en este contexto es, ¿cómo institucionalizar la redistribución de las rentas estatales sin depender de las fluctuaciones de los precios internacionales de los commodities? Stefanoni considera que si bien las políticas de Venezuela, Bolivia y Ecuador han significado interesantes respuestas posneoliberales, generan bastantes dudas sobre su sostenibilidad y peor aún que puedan ser consideradas poscapitalistas, como originalmente fueron formuladas. Aunque destaca que en el caso de Ecuador se viene trabajando en una economía del conocimiento en el largo plazo. Por cierto, en el caso ecuatoriano, que aplica sustitución selectiva de importaciones y desarrolla importantes obras pública de infrasestructura, el empleo empleo privado se ha fortalecido con la menor tasa de desempleo de América Latina.
En el caso de Bolivia, George Gray Molina (2009) explora la nueva institucionalidad que se viene construyendo. Se interroga, ¿cómo los actores sociales y estatales pueden resolver un conjunto de problemas complejos cuándo las elites bolivianas tienen una larga tradición de luchas individuales que ha generado un pluralismo institucional con poderes que se traslapan? La hibridez del estado boliviano genera peculiares características estructurales con múltiples agentes y aliados. Es más, los problemas se agudizaron con la descentralización de los 90s que provocó, a comienzos del siglo XXI, el fortalecimiento del discurso de líderes locales que interpelaron al gobierno central con demandas étnicas y particulares. Sin embargo, con la llegada al poder de Evo Morales se aprobó una nueva Constitución incorporó varias de las reivindicaciones históricas de los sectores populares marginalizados. Para Gray Molina el constitucionalismo popular, a pesar de sus limitaciones, ha mostrado un resultado interesante legitimando la pluralidad para evitar el desborde de la violencia en los conflictos, en una sociedad con una fuerte cultura de movilización. En este contexto se han desarrollado nuevas políticas de nacionalización que implica mayores aportes de empresas estratégicas al fisco o que se intervenga empresas anteriormente privatizadas que no cumplieron con sus planes de inversión. Mientras tanto, las cifras macroeconómicas bolivianas lucen bastante saludables.
En este marco de nuevas políticas sudamericanas, el momento posliberal brasileño se inauguró con la presidencia de Lula, que retomó las antiguas políticas industriales y de comercio defendidas por la política internacional de Brasilia en los años 60s. Pedro da Motta (2009) considera que en esta ocasión el viejo paradigma ha sido combinado con una mayor integración a la economía mundial. Es decir, una singular combinación de promoción de exportaciones y proteccionismo. Si bien en la segunda mitad de los 90s se advirtió de la necesidad de atender al sector exportador con algunas políticas específicas, recién con la llegada de Lula se descartó por completo la posibilidad de negociar tratados de libre comercio como se había planteado la administración de Cardoso. Además planteó demandas firmes en la Organización Mundial de Comercio y priorizó las relaciones Sur-Sur bajo principios de reciprocidad económica e integración en proyectos de infraestructura. Contrario a lo que pensaban algunos liberales el peso de Brasil en la economía mundial se fortaleció y ha permitido dar legitimidad política del PT como organización de izquierda internacional.
A modo de conclusión, quizá los cambios para mejorar la capacidad hacia un desarrollo más amplio en Ecuador, Bolivia y Venezuela, con cierta similitud al estilo brasileño, sea posible luego de haberse producido cambios políticos para atender urgencias redistributivas, paralelamente al mejoramiento de la capacidad fiscal y fomentando la competitividad. Como diría Vivek Chibber, para el caso de ciertas economías asiáticas, los países que ingresan a una fase de desarrollo tardío necesitan crear un tipo de estado con adecuada capacidad de imponer disciplina a las empresas privadas acostumbradas a recibir beneficios estatales. Estamos hablando de una institucionalidad fuerte que paralelamente a la regulación del sector industrial, promueva su competitividad internacional. Es decir, una fuerte orientación a la colocación de sus productos en el mercado mundial, situación que los lleve a buscar constantes saltos tecnológicos y por tanto a incentivar el desarrollo de la ciencia y tecnología. En caso contrario se repitirá lo que ha ocurrido, en diferentes periodos del siglo XX en la mayoría de países de América Latina. Una dedicación prioritaria a la economía extractivista con un excesivo proteccionismo a la burguesía nacional terminará desincentivando la competencia en el mercado internacional.
